El material tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento en un caso concreto. Información actualizada a agosto de 2026.
Hoy en día, los propietarios de activos digitales guardan cada vez más sus fondos no en exchanges ni en monederos de software, sino en soportes físicos. Una criptocartera de hardware (fría) es un dispositivo compacto tipo Ledger o Trezor que almacena claves privadas en modo offline. En el bolsillo o en el maletín puede contener activos por valor de cientos de miles de dólares. En efectivo, esa suma ocuparía mucho más espacio y llamaría la atención de inmediato. Por eso, durante los registros, las fuerzas del orden incautan cada vez más estos pequeños dispositivos.
Estatus procesal de una criptocartera de hardware
Una criptocartera física es un sistema electrónico de información en el sentido de la legislación procesal. El Código de Procedimiento Penal de Ucrania prohíbe la incautación temporal de sistemas electrónicos de información, ordenadores o sus partes y teléfonos móviles, salvo en cuatro supuestos:
- cuando entregar el dispositivo junto con la información contenida sea condición necesaria para una pericia;
- si el objeto se obtuvo como resultado de un delito penal;
- si el objeto es medio o instrumento para cometer un delito penal;
- si el acceso está restringido por su titular o requiere superar un sistema de protección lógica.
Cuando sea necesario, el investigador, con ayuda de un especialista en el lugar del registro, puede realizar copias de la información contenida en los dispositivos.
En la práctica, las fuerzas del orden rara vez cumplen estos requisitos. Durante el registro suelen incautar toda la técnica de inmediato: teléfonos personales, ordenadores y criptocarteras. Cada irregularidad debe documentarse y recurrirse.
Incautación temporal: plazos y obligaciones del investigador
Tras la incautación, la cartera fría adquiere la condición de bien temporalmente incautado conforme a los artículos 167–169 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania. Esto significa privar de hecho al propietario del derecho a poseer, usar y disponer del bien hasta resolver su embargo o devolución.
El investigador o fiscal debe actuar con rapidez:
- la solicitud de embargo del bien temporalmente incautado debe presentarse a más tardar el siguiente día hábil tras la incautación (ap. 5, art. 171 del CPP);
- si el bien se incautó durante un registro basado en auto del juez de instrucción, el plazo es de 48 horas;
- si se incumple el plazo, el bien debe devolverse de inmediato;
- el juez de instrucción debe dictar resolución sobre el embargo en un máximo de 72 horas desde la recepción de la solicitud; de lo contrario, el dispositivo también debe devolverse (ap. 6, art. 173 del CPP).
Importante: incumplir cualquiera de estos plazos es fundamento autónomo para devolver el bien incautado sin entrar al fondo.
Embargo: fundamentos y práctica
El embargo se impone conforme al artículo 170 del CPP de Ucrania y se mantiene hasta su levantamiento, cierre del procedimiento o sentencia. Puede imponerse cuando existan bases o sospechas razonables de que el bien:
- es prueba de un delito penal;
- está sujeto a decomiso especial;
- puede ser objeto de decomiso como pena;
- es necesario para asegurar una reclamación civil en el proceso penal.
Las criptocarteras de hardware suelen considerarse encuadradas en estos criterios, especialmente como prueba material. La práctica judicial, incluidas resoluciones del Tribunal Superior Anticorrupción, las trata como posibles soportes de información sobre movimientos de activos virtuales, acceso a carteras o huellas del delito. También se anunció recientemente el cobro a favor del Estado y la transferencia a ARMA de 8,3 millones de USDT.
Cómo recuperar la cartera incautada: mecanismos de defensa
Antes de que se imponga el embargo
Antes de imponer el embargo, la defensa puede solicitar a las fuerzas del orden la devolución del bien temporalmente incautado. Los fundamentos pueden ser:
- falta de base suficiente para la incautación;
- incumplimiento de plazos para solicitar el embargo;
- reconocimiento fiscal de incautación infundada (art. 169 del CPP).
La inacción de las autoridades por no devolver la criptocartera debe recurrirse de inmediato ante el juez de instrucción del tribunal local conforme al p. 1, ap. 1, art. 303 del CPP de Ucrania. El tribunal revisará el procedimiento de incautación, sus fundamentos y actuaciones posteriores. El resultado puede ser una resolución que ordene la devolución inmediata de la cripto incautada al titular legítimo.
Después de que se imponga el embargo
Tras imponerse el embargo, la herramienta efectiva es la solicitud de levantamiento total o parcial del embargo conforme al artículo 174 del CPP de Ucrania. Pueden presentarla el sospechoso, acusado, su defensor, así como otro propietario o poseedor de la criptocartera.
Al resolver esa solicitud, el juez evalúa si subsiste la necesidad del embargo, si es fundado y proporcional. El éxito depende de una argumentación clara:
- falta de valor probatorio del dispositivo en ese procedimiento;
- existencia de copias de la información obtenidas in situ;
- posibilidad de acceder a los activos por otros medios (por ejemplo, seed phrase);
- incumplimiento de plazos para imponer el embargo;
- desproporción de la restricción del derecho de propiedad.
Sospecha razonable como argumento clave
Al examinar la solicitud de levantamiento del embargo, debe prestarse especial atención a si existe sospecha razonable de comisión de delito por parte de la persona, así como a la existencia de su estatus procesal de sospechoso.
La sospecha razonable es un estándar tomado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Implica hechos o información capaces de convencer a un observador objetivo de que esa persona pudo cometer un delito penal. Este estándar es inferior a la prueba “más allá de toda duda razonable”, pero superior a una mera suposición o información operativa.
Al decidir sobre la imposición o levantamiento del embargo, el juez de instrucción debe aplicar este estándar. Incluso si el embargo se justifica formalmente por conservación de pruebas, la ausencia o debilidad clara del vínculo entre el titular de la cartera y el delito puede evidenciar una injerencia desproporcionada en el derecho de propiedad.
En la práctica, la defensa usa con éxito este argumento. Si no se notificó sospecha, o la sospecha es manifiestamente infundada (sin hechos concretos que vinculen objetivamente a la persona con el delito), o el embargo recae sobre bienes de terceros sin acreditar su conocimiento del origen delictivo de los activos, aumentan de forma significativa las posibilidades de levantar el embargo conforme al art. 174 del CPP.
Reglas prácticas para propietarios de activos digitales
La experiencia confirma que, con un trabajo procesal adecuado, el embargo sobre una criptocartera física puede levantarse y el dispositivo devolverse. Son claves la rapidez, el análisis detallado del expediente y una argumentación sólida.
- Guarde la seed phrase separada del dispositivo. Esto permite recuperar acceso a los activos incluso tras la incautación.
- Documente todas las irregularidades procesales desde la fase de registro: quién actuó, qué se incautó y cuándo, y si se levantó acta.
- Incorpore de inmediato a un defensor especializado en procesos penales vinculados con activos virtuales.
- La solicitud oportuna de devolución del bien temporalmente incautado o de levantamiento del embargo suele ser decisiva.
Una criptocartera física no es solo un dispositivo técnico. Es un soporte material alrededor del cual se forma una dinámica procesal compleja. Conocer el régimen de incautación temporal, los plazos del embargo y los mecanismos para levantarlo permite proteger eficazmente la propiedad incluso en procedimientos penales complejos.
Si en el procedimiento también están implicadas cuentas de exchange o cuestiones sobre origen de activos, lea además: qué hacer si se bloquea una cuenta o un retiro en Binance, Bybit u OKX y cómo demostrar el origen de fondos de criptomonedas.
Protección de derechos de propietarios de criptoactivos
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