Este material es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
La división de criptomonedas en un divorcio no empieza por el precio del bitcoin.
En una disputa ordinaria de reparto de bienes, un piso puede localizarse en un registro, un coche en la base de datos del Ministerio del Interior y el dinero en una cuenta acreditada por un extracto bancario. Con la criptomoneda ocurre algo distinto. Puede estar en una cuenta de un exchange o en una dirección que no lleva el nombre de ningún titular. Una transferencia tarda minutos y el acceso depende de una contraseña o de una clave privada. Por eso la división de criptomonedas en un divorcio casi nunca es solo una disputa sobre derechos. Ante todo, es una disputa sobre pruebas.
El mero hecho de que uno de los cónyuges haya utilizado un exchange de criptomonedas no resuelve nada. El tribunal necesita ver un activo concreto, su cantidad, el momento de adquisición, el vínculo con una persona determinada y el origen de los fondos. Si la criptomoneda ya se vendió, además hay que reconstruir el movimiento posterior del dinero. Sin eso, incluso una sospecha fundada sigue siendo una conjetura.
La criptomoneda es un bien, aunque la ley especial siga sin estar en vigor
El Derecho ucraniano ya cuenta con una base para considerar la criptomoneda un objeto patrimonial. Los artículos 177 y 179¹ del Código Civil clasifican las cosas digitales como objetos de derechos civiles y mencionan expresamente entre ellas los activos virtuales. Por tanto, el bitcoin, otros tokens y los NFT pueden formar parte de la masa patrimonial si se prueban su existencia y su titularidad.
Al mismo tiempo, la Ley de Ucrania “Sobre los activos virtuales” n.º 2074-IX no había entrado oficialmente en vigor a fecha de 11 de agosto de 2026. El proyecto de ley n.º 10225-d, destinado a regular la circulación y la tributación de los activos virtuales, fue aprobado en primera lectura por la Rada Suprema el 3 de septiembre de 2025. Actualmente se prepara para la segunda lectura. No hace falta esperar a una ley específica para proteger un derecho patrimonial. Pero tampoco se puede invocar sus disposiciones como si ya fueran normas aplicables.
En la práctica, la disputa se resuelve conforme a las normas generales del Código Civil y del Código de Familia y a las reglas de prueba del Código de Procedimiento Civil. Esa construcción es jurídicamente correcta hoy. Funciona, aunque no ofrezca respuestas listas para cada cuestión técnica.
Lo decisivo no es el monedero, sino el origen de los fondos
El artículo 60 del Código de Familia establece la presunción de copropiedad conyugal de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Para un criptoactivo, eso significa que una cuenta a nombre de uno de los cónyuges, o el control exclusivo de una clave privada, no convierten por sí mismos el activo en privativo. El acceso técnico y el régimen jurídico-familiar de los bienes son cuestiones distintas.
La presunción de copropiedad no es absoluta. Un activo puede ser privativo si se adquirió antes del matrimonio, se recibió por donación o herencia, o se compró durante el matrimonio con fondos privativos. Por eso la fecha de compra abre la indagación, pero no la cierra. El tribunal debe ver el origen de los fondos y su movimiento hacia la adquisición del activo.
El asunto n.º 953/4882/23 ilustra bien esa diferencia. La esposa pretendía dividir 1 472 267 grivnas obtenidas de la venta de dos bitcoins. La compra de los BTC se produjo durante el matrimonio. El marido alegó que empleó sus propios ahorros previos al matrimonio. El tribunal de primera instancia examinó declaraciones, información sobre ingresos, documentos bancarios y otras pruebas y consideró que el producto de la venta era de su propiedad privativa. El tribunal de apelación confirmó esa resolución.
El Tribunal Supremo no se pronunció sobre el fondo de la disputa patrimonial en ese asunto. El recurso de casación se devolvió por defectos en la formulación de los motivos casacionales. Por tanto, sería un error calificar esa resolución como una posición del Tribunal Supremo sobre el régimen jurídico del bitcoin. La relevancia del caso es otra. Muestra lo importante que puede llegar a ser un vínculo probado entre los ahorros privativos y la adquisición de la criptomoneda.
Para una guía práctica sobre la acreditación del origen de los fondos, consulta cómo acreditar el origen de fondos (Source of Funds) de las criptomonedas.
Qué hay que probar exactamente ante el tribunal
En una disputa cripto no basta con aportar una captura de pantalla de un saldo. Una imagen puede confirmar que cierta cifra apareció una vez en una pantalla, pero no prueba necesariamente la titularidad de la cuenta, la fecha, la autenticidad de los datos ni el destino posterior del activo. Una posición probatoria sólida consta de varias partes interrelacionadas.
Primero hay que identificar el propio activo. Importan el nombre del token, la red, la cantidad exacta, la dirección del monedero, el identificador de la transacción y el historial de movimientos. Después, hay que vincular el activo digital con una persona concreta. Ese vínculo puede sustentarse en los datos KYC del exchange, el UID de la cuenta, el correo electrónico, el número de teléfono, las transferencias bancarias a la plataforma, los retiros a una cuenta conocida o una declaración electrónica.
A continuación, hay que examinar la fuente de la adquisición. Un extracto bancario, una orden P2P, un recibo, un contrato de donación, la documentación de una herencia o la prueba de ahorros previos al matrimonio pueden pesar más que la fecha en la que los tokens aparecieron por primera vez en un monedero. Si el activo se vendió, se necesita información sobre el precio, sobre quién recibió el producto de la venta y sobre su uso posterior. Solo la combinación de esos datos ofrece al tribunal una imagen coherente.
Resulta ilustrativa la resolución del Tribunal Supremo en el asunto n.º 337/4714/20. La demandante sostenía que los cónyuges tenían un bitcoin, que el marido vendió, y que el importe obtenido se destinó a comprar un piso. En apoyo de su tesis invocó, entre otras cosas, un recibo de entrega de nombres de usuario y contraseñas de todas las cuentas comunes y el testimonio de un testigo que conocía la existencia de la criptomoneda por terceros. Esas pruebas resultaron insuficientes para acreditar que los cónyuges habían adquirido el bitcoin y que su venta estaba vinculada a la compra del piso.
Ese asunto no establece una lista universal de documentos sin los cuales una demanda sea inviable. Ofrece una orientación distinta y más práctica. Cada eslabón de la cadena probatoria debe sostener al siguiente. Las afirmaciones genéricas sobre cuentas comunes no sustituyen a la prueba de un activo concreto, y mencionar la venta de una criptomoneda no acredita que fueran precisamente esos fondos los empleados para adquirir otro bien.
Cómo buscar criptoactivos ocultos de forma lícita
No existe un registro único en el que se pueda introducir un apellido y ver todos los monederos cripto de una persona. Una blockchain pública muestra el movimiento entre direcciones, pero por lo general no identifica a sus titulares. Por eso la búsqueda parte de datos personales conocidos: pagos bancarios, correos del exchange, declaraciones, UID, direcciones conocidas o documentos que mencionen una plataforma concreta.
Si la información no puede obtenerse de forma autónoma, una parte puede solicitar al tribunal que ordene su exhibición conforme al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil de Ucrania. El artículo 93 del mismo código permite formular preguntas por escrito a la otra parte sobre circunstancias relevantes para el caso. En determinadas situaciones conviene plantear el aseguramiento de la prueba o el aseguramiento de la demanda. La solicitud debe ser concreta. El tribunal necesita entender qué plataforma conserva los datos, qué cuenta o activo está identificado, qué debe obtenerse o restringirse exactamente y por qué existe riesgo de pérdida de prueba o de enajenación de bienes.
Las posibilidades prácticas son mayores cuando la criptomoneda está en un exchange centralizado. Existe un operador que identifica al cliente y puede restringir las operaciones de la cuenta. Si el activo está en un monedero no custodiado, la situación es más difícil. Un asiento en la blockchain no puede congelarse por resolución de un tribunal ucraniano, y una transferencia sin la clave privada es técnicamente imposible.
Los exchanges extranjeros siguen siendo un problema aparte. Una sentencia ucraniana no garantiza que una plataforma de otra jurisdicción facilite información o congele un activo. A veces hace falta asistencia jurídica internacional; a veces la ejecución resultará desproporcionadamente difícil. Eso debe valorarse antes de presentar la demanda, no después de obtener la sentencia.
Acceder por cuenta propia a la cuenta de otra persona, o utilizar una contraseña o una frase semilla encontradas, no es una forma admisible de obtener pruebas. Genera riesgos jurídicos específicos y puede poner en duda la admisibilidad de la información obtenida. Para un procedimiento judicial no importa cualquier acceso, sino la prueba obtenida y documentada de forma lícita. Consulta también: qué hacer si se bloquea una cuenta de exchange; comprobación AML de USDT.
Qué formas de división son realistas
La vía más sencilla es el acuerdo. Si las partes pactan transferir criptomonedas, el documento debe indicar la cantidad exacta, el nombre del activo, la red, la dirección de destino, el plazo de transferencia, el reparto de las comisiones y la forma de acreditar el cumplimiento. Esa acreditación suele ser el identificador de la transacción. Entregar una frase semilla en lugar de una parte determinada del activo es inseguro, porque abre el control de todo el monedero.
En vía judicial, la división en especie de tokens fungibles es teóricamente posible. Una pretensión de transferencia de parte de la criptomoneda tiene sentido solo cuando están determinados el activo, la cantidad, la red y la persona capaz de ejecutar la transferencia. Todavía no existe en Ucrania una práctica estable y suficiente en la que un tribunal no solo haya fijado cuotas, sino que además haya asegurado la transferencia efectiva de tokens entre excónyuges. Por eso es pronto para hablar de un mecanismo consolidado.
La compensación dineraria suele ser más realista. Cumplidas las condiciones del artículo 71 del Código de Familia, el activo puede quedarse con el cónyuge que lo controla, mientras que al otro se le reconoce el valor de la cuota correspondiente. Si la criptomoneda se vendió, el producto de la venta puede ser objeto de reparto. Si un bien común fue enajenado de forma encubierta y no en interés de la familia, la defensa puede plantear que se compute su valor en el reparto. Esa pretensión no es automática. Hay que probar la existencia del activo, su régimen común, la enajenación, el valor y las circunstancias de la disposición.
Cómo determinar el valor de la criptomoneda
Para un activo volátil, el importe de la compensación depende no solo del número de tokens, sino también de la fecha de valoración elegida y de la fuente del precio. En las disputas de reparto de bienes, los tribunales parten del valor real de los bienes en el momento en que se examina el caso. Para la criptomoneda esa regla exige una metodología más precisa, porque el precio puede variar sustancialmente incluso dentro de un mismo día.
Un cálculo debe dejar constancia de la fecha y la hora, el par de negociación, el mercado, la liquidez y las comisiones. Si las partes invocan exchanges distintos, hay que explicar por qué se eligió una fuente concreta o utilizar datos de varias plataformas líquidas. El Banco Nacional de Ucrania no fija un tipo oficial para BTC, ETH o USDT. El tipo del BNU puede emplearse para convertir un valor en dólares a grivnas, pero no acredita el precio del propio token.
Una stablecoin tampoco debe equipararse mecánicamente uno a uno con el dólar. Su valor de mercado puede desviarse de la paridad declarada. Si se discute la valoración o la identificación técnica del activo, puede ser necesario el dictamen de un especialista o de un perito. Al mismo tiempo, hoy no existe una metodología única y obligatoria para valorar criptoactivos en disputas familiares. Se trata de una laguna real, no teórica.
Qué no ha resuelto todavía el Derecho ucraniano
El problema más visible no es si la criptomoneda puede reconocerse como un bien. Para eso bastan ya las normas generales. La dificultad surge en la identificación de la titularidad, la valoración y la ejecución. El Estado no dispone de un registro que vincule la dirección de un monedero no custodiado con una persona física. No existe un procedimiento unificado para congelar un activo digital en un proceso civil. La cooperación con plataformas extranjeras depende de su jurisdicción y de sus normas internas.
Todavía hay menos certeza respecto de las posiciones DeFi, los tokens de pools de liquidez, las recompensas de staking, los forks, los airdrops y los NFT. Para cada uno de esos activos hay que determinar por separado qué corresponde a la persona, cuándo nació el derecho de propiedad, de qué activo primario procede y si puede transferirse sin perder su sustancia. Aún no existe una jurisprudencia familiar estable que ofrezca respuestas universales.
Por eso sería incorrecto prometer en este artículo que cualquier monedero puede encontrarse, cualquier token congelarse o cualquier exchange obligarse a cumplir una sentencia ucraniana. Esas posibilidades dependen de las pruebas, de la forma en que se custodie el activo y de la plataforma concreta. Una posición jurídica honesta empieza por reconocer esos límites.
Cómo construimos este tipo de casos en ProDefence
El trabajo en una disputa de división de criptoactivos empieza por el inventario, no por la demanda. Separamos los hechos confirmados de las suposiciones, identificamos las posibles plataformas y direcciones, cotejamos las transacciones con las operaciones bancarias y determinamos el origen de los fondos. Después queda claro si hay fundamento para hablar de bienes comunes y qué pruebas siguen faltando por obtener.
El siguiente paso es elegir una pretensión que pueda ejecutarse. A veces es la transferencia de parte del activo. En otro caso resulta más sensata la compensación o el reparto del producto de una venta. Si existe riesgo de retirada rápida de los tokens, se preparan medidas procesales junto con la prueba de la titularidad de la cuenta. Una solicitud formal de congelar todas las criptomonedas del demandado sin indicar la plataforma, el identificador y la viabilidad técnica difícilmente generará una protección real.
Para el cliente no solo importa ganar la disputa, sino el resultado que pueda obtenerse después. Por eso la ejecutabilidad debe valorarse desde el principio. En los litigios sobre activos digitales, eso no es una fase técnica final, sino parte de la estrategia jurídica. Si un activo ya fue retirado o comprometido, consulta también la guía paso a paso tras un robo de criptomonedas.
Conclusión principal
La criptomoneda puede incluirse en el reparto de los bienes matrimoniales. El resultado no depende del nombre del activo, sino de un vínculo probado entre el token, una persona concreta, el período del matrimonio y el origen de los fondos. Cuanto antes se conserve el rastro digital y financiero, menos margen quedará para las conjeturas.
Analítica jurídica
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En las disputas sobre criptomonedas no basta con afirmar que existe un activo digital. Hay que documentarlo a tiempo, vincular las direcciones y las cuentas de exchange con una persona concreta, determinar el origen de los fondos y elegir un remedio que realmente pueda ejecutarse.
El equipo de ProDefence combina la representación jurídica con analítica blockchain profesional. Ayudamos a evaluar las perspectivas del caso, investigar el movimiento de los criptoactivos, construir la base probatoria, preparar las solicitudes procesales necesarias y definir una estrategia práctica para dividir el activo o reclamar una compensación.
Si se están ocultando criptomonedas, trasladándolas a otras direcciones o negando su carácter de bien común, contacta con ProDefence. Cuanto antes comience el trabajo jurídico y técnico, más oportunidades habrá de conservar el rastro digital y utilizarlo para proteger tus intereses.
Confidencial. Sin solicitar la frase semilla ni claves privadas.
Fuentes verificadas
- Código de Familia de Ucrania. Artículos 57, 60, 61, 65, 69, 70, 71 y 72
- Código Civil de Ucrania. Artículos 177 y 179¹
- Código de Procedimiento Civil de Ucrania. Artículos 76, 81, 84, 93, 100, 116, 149 y 150
- Ley de Ucrania "Sobre los activos virtuales" n.º 2074-IX. Estado oficial a la fecha de publicación: no está en vigor
- Ficha del proyecto de ley n.º 10225-d. Estado a la fecha de publicación: en preparación para la segunda lectura
- Sentencia del Tribunal de Distrito de Kyivskyi de Járkiv en el asunto n.º 953/4882/23
- Resolución del Tribunal de Apelación de Járkiv en el asunto n.º 953/4882/23
- Resolución del Tribunal Supremo en el asunto n.º 953/4882/23. Recurso de casación devuelto; no se examinó el fondo de la disputa
- Resolución del Tribunal Supremo en el asunto n.º 337/4714/20
- NAAU. Reparto de los bienes matrimoniales, resultados de un debate profesional
- Vasil Kisil & Partners. Perspectivas de la división de criptomonedas en el reparto de los bienes matrimoniales
